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No serán sancionados como faltas graves cuando se consideren dentro de la «libertad de expresión» o de los «derechos de reunión, huelga o manifestación»
PSOE y Podemos ceden a ERC y dan cobertura legal a los escraches en las universidades
Ataque en la Universidad Autónoma de Barcelona a un acto de los jovenes constitucionalistas de S’Ha Acabat!E. M.

El PSOE y Unidas Podemos han cedido a las exigencias de ERC y han descafeinado el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria para, entre otras cosas, dar cobertura legal a los estudiantes que organizan escraches en las universidades. Parar las clases o impedir la celebración de una conferencia u otro acto universitario ya no será una falta grave sancionada con la expulsión durante un mes de la universidad en todos los casos, como se aprobó el pasado septiembre en el Consejo de Ministros. Ahora si los estudiantes alegan que es «libertad de expresión» o lo hacen apelando a sus derechos de reunión, huelga o manifestación, no serán castigados.

Las enmiendas firmadas en el Congreso entre los partidos del Gobierno de coalición y los nacionalistas catalanes suponen rebajar de forma considerable el texto que redactó el ministro Manuel Castells en colaboración con los rectores. Pero ERC había amenazado con no darle apoyo, presentando incluso una enmienda a la totalidad, así que el titular de Universidades ha tenido que recular en su régimen sancionador, que sustituía un reglamento obsoleto de 1954 con la pretensión de poner orden ante los incidentes en los campus.

El artículo 15 ha sido modificado de tal forma que «impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento» ya no se considerará necesariamente falta grave, castigada con hasta un mes de expulsión de la universidad, en los supuestos en que se haga como muestra de «libertad de expresión» o bajo el paraguas de «los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga».

Es más, el artículo 4 dice ahora expresamente que las «universidades públicas y privadas garantizarán» estos derechos «constitucionalmente reconocidos».

Ni la huelga ni la reunión ni la manifestación ni la asociación se habían tipificado inicialmente en esta ley «porque son derechos constitucionales, no delitos», según explicaron hace un mes en el Ministerio de Universidades. Ahora si se incluyen, tras las demandas de ERC, cuya diputada Marta Rosique anunció la semana pasada que retiraban la enmienda a la totalidad que habían presentado tras llegar a «un acuerdo» que cambiaba «sustancialmente» la norma.

Rosique desveló que los partidos del Gobierno habían accedido a «garantizar siempre el derecho de manifestación, asociación, reunión y huelga» y que el cambio suponía «blindar» los «derechos de movilización del estudiantado, así como «resolver la persecución de los piquetes y de los murales». Sus palabras hacían intuir finalidad del pacto: proteger especialmente las protestas independentistas y los hostigamientos a los representantes del constitucionalismo, como los estudiantes de S’Ha Acabat!, cuya carpa fue destruida hace unos días en la Universidad Autónoma de Barcelona.

El originario proyecto de Ley de Convivencia Universitaria obstaculizaba sus planes, pues establecía por primera vez una respuesta sancionadora para éstos y otros ataques, como las protestas de 2019 contra la sentencia del 1-O en campus catalanes, donde encapuchados obligaron a suspender las clases y no dejaron pasar a los que querían entrar. Pero con las enmiendas pactadas entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC, que previsiblemente saldrán adelante en el trámite parlamentario, se reduce la posibilidad de que haya una sanción por estos hechos.

Murales o pintadas

Otro de los cambios es que realizar pintadas o murales propagandísticos podrá no ser considerada una falta grave o muy grave (con sanción de hasta tres años de expulsión de la universidad) porque se ha modulado esta parte del articulado. Sólo se castigarán cuando se deterioren de manera irreparable o gravemente obras «catalogadas» como «patrimonio histórico o cultural» de la universidad. Es decir, si un estudiante es pillado haciendo una pintada en una estatua o en una fachada significativa, será sancionado, pero si lo hace en una pared corriente sólo será amonestado en privado, pues su acción se considerará sólo una falta leve.

También ha quedado desmontada la medida estrella de Castells, su impronta más personal: el sistema de mediación para resolver de forma alternativa los conflictos. ERC decía que este mecanismo se entrometía en «la autonomía universitaria». Así que finalmente serán las propias universidades las que harán lo que quieran y «desarrollarán» por su cuenta «los medios oportunos» para establecer sus propios instrumentos de mediación. También organizarán sus propias comisiones de convivencia, sin tener que regirse por esta ley.

Así que la norma finalmente tendrá 26 páginas menos, las que han sido tachadas en las enmiendas, y que se sustituirán por una sencilla fórmula que la vacía de contenido: «Serán las universidades las que, en el ejercicio de su autonomía, desarrollarán el funcionamiento» de los distintos mecanismos que Castells había previsto para armar todo un nuevo engranaje de mediación.

Otro cambio significativo es el que suprime a la ley su carácter de legislación básica, lo que revela el deseo de los partidos de aprobarla más fácilmente porque probablemente van a ir muy justos en apoyos.

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