Anticorrupción pedirá el archivo de la causa contra Aguirre en ‘Púnica’ por falta de pruebas

La Fiscalía Anticorrupción ultima el escrito de acusación contra los investigados en la pieza separada número 9 de Púnica, en la que se investigaba la posible financiación irregular de campañas del madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos. Según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva, los fiscales del caso –Alejandro Cabaleiro, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez– solicitarán el archivo de la imputación de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por «desvanecerse», a lo largo de la investigación, los delitos que motivaron su citación como investigada.

Aguirre fue imputada en septiembre de 2019 porque, según el auto del juez, la investigación arrojaba «indicios racionales de que Aguirre […] ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba. [Era] la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid».

«El plan preconcebido, impulsado desde Presidencia y Vicepresidencia –en aquel momento en manos de Ignacio González– con el respaldo de otros consejeros que se involucraron en el proyecto para recaudar fondos para el PP, consiguió desviar entre los años 2006 a 2010 un flujo muy importante de fondos públicos de diversas consejerías o entes públicos adscritos a las mismas, a través de diversos artificios», destacó el magistrado instructor. Y añadió que los populares «gratificaban» las donaciones realizadas por los empresarios presuntamente con adjudicaciones a sus empresas. Además de  Aguirre, el juez también atribuyó «un papel decisivo y esencial» en la toma de decisiones a los que fueran sus más estrechos colaboradores, Ignacio González y el ex consejero Francisco Granados, además de al ex gerente del de Madrid, Beltrán Gutiérrez.

Un año y medio después de la imputación de Aguirre, el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en un intento desesperado de mejorar la situación penitenciaria de su mujer, acusó sin pruebas a Aguirre de recibir 60.000 euros en negro. Bárcenas declaró que él, junto al también ex tesorero Álvaro Lapuerta, entregaron dinero en B a Aguirre durante un encuentro mantenido en el despacho de la ex presidenta madrileña en la sede de Génova.

Aguirre aseguró en un comunicado que iba a querellarse contra Bárcenas porque las afirmaciones eran «rotundamente falsas» y se habían realizado en sede judicial «sin ninguna prueba» que las respaldase. Añadió: «Nunca, jamás, en ningún momento, recibí entrega de dinero alguna por parte del Sr. Bárcenas ni del Sr. Lapuerta».

A finales de diciembre

Según fuentes judiciales, no ha conseguido acreditarse la comisión de estos delitos que se «han desvanecido» a lo largo de la investigación. Por este motivo, el Ministerio Público solicitará la exculpación de la ex presidenta del de Madrid. Las mismas fuentes prevén que el escrito se presentará en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el mes de diciembre, «siempre y cuando no surja algún contratiempo», apuntan.

La Fiscalía ya envió un escrito a la Audiencia Nacional, en el que informaba de que no pedirá al juez instructor Manuel García-Castellón una nueva prórroga de las pesquisas, de forma que «el 29 de enero de 2022 pueda cerrarse» la pieza, si bien queda condicionado a que la Sala de lo Penal resuelva el recurso que planteó el Ministerio Público contra la apertura de la pieza separada número 13, a raíz de la declaración de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda. La Fiscalía considera que las piezas separada 9 y 13 versan sobre la presunta Caja B de los populares madrileños, por ello solicita que no se investigue por separado.

La deriva de Cifuentes

La causa judicial de Esperanza Aguirre toma la misma deriva que la de Cristina Cifuentes, también ex presidenta de la Comunidad de Madrid. Cifuentes estaba investigada por los delitos de prevaricación y cohecho en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011. El magistrado consideró que no se había acreditado que Cifuentes participara en la presunta financiación ilegal del de la Comunidad de Madrid y archivó su causa.

Además, el instructor también acordó el sobreseimiento provisional de la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y del del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández, investigados por los mismos delitos.

Financiación irregular del  

La macrocausa denominada Púnica está dividida en varias piezas. La número 9 trata sobre la presunta financiación ilegal del de Madrid. Esta investigación se inició tras el hallazgo de una agenda del ex secretario general del de Madrid Francisco Granados en la que puede leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero.

Los agentes de la UCO han investigado si estas letras pueden pertenecen a presuntos donantes del regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones pública.

Granados  acusó a los tres ex presidentes de la Comunidad de Madrid –Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González– de mantener una presunta Caja B del de Madrid. Los informes que fueron aportados por la UCO reflejaban indicios de la asistencia a reuniones clave con responsables de empresas o el conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam. Dos años después, la imputación de Cifuentes se ha sobreseído y la Aguirre está a punto de archivarse.

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