Clases de catalán para un centenar de funcionarios del Estado en Baleares

La Delegación del Gobierno en impulsará la realización de cursos de catalán para los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) en el archipiélago que estén interesados en el aprendizaje de esta lengua. 

Aunque acreditar un nivel de dominio hablado y escrito no es obligatorio, aún, para estos empleados, a diferencia del resto del personal de las administraciones públicas locales y regionales de Baleares, el objetivo de estos cursos es garantizar el cumplimiento de los derechos lingüísticos contemplados en el Estatuto de Autonomía. 

Además la nota también remarca que la iniciativa pretende, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los servicios públicos y su accesibilidad por parte de todos los ciudadanos. 

A este respecto, hay que recordar que la entidad independentista Plataforma per la Llengua, subvencionada de forma regular por el Govern secesionista catalán de Pere Aragonés y el balear, de Francina Armengol, ha puesto en marcha una web para denunciar a todos los funcionarios que no hablen catalán. 

Y en la mayor parte de los casos las quejas van dirigidas a funcionarios del Gobierno central en Baleares. Para llevar a cabo estos cursos de catalán, la delegada del Gobierno, la socialista Aina Calvo, ha solicitado al Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) que inicie los trámites para la suscripción de un convenio con la Escola Balear de Administración Pública (EBAP) del Govern con el fin de desarrollar cursos básicos de los niveles A2 y B1 de lengua catalana para 2022. Según Calvo, la iniciativa respondería, además, a las peticiones de entidades ciudadanas y sociales, y de organismos e instituciones autonómicas sobre la necesidad de adoptar medidas para facilitar la cobertura de este derecho a los catalanoparlantes.

En la mayor parte de los casos, son entidades vinculadas al independentismo catalanista que gobiernan el coalición en con socialistas y Unidas Podemos (UP). 

Esta oferta formativa permitirá acercar el dominio del catalán a un centenar de trabajadores de la AGE en las y disponer de una ayuda adicional para preparar las pruebas de certificación de catalán.

Hay que tener en cuenta que un porcentaje elevado de la plantilla actual de la AGE en el archipiélago está integrada por funcionarios y personal laboral procedentes de otros territorios del país en los que el catalán no es lengua oficial. Esto, según la Delegación del Gobierno, dificulta el cumplimiento de las leyes que regulan su uso en las relaciones de los con las administraciones públicas. En concreto, la 39/2015 del procedimiento administrativo que regula el derecho a utilizar la lengua oficial de la comunidad autónoma en los procedimientos y las comunicaciones con la Función Pública. 

Esta propuesta se vienen a sumar a otras iniciativas que también se han puesto en marcha desde la Delegación del Gobierno para garantizar el uso del catalán en la atención al público y en el resto de los procedimientos que los funcionarios llevan a cabo, así como la utilización de carteles, señales e impresos bilingües.

Por otra parte, la acreditación del título de catalán se ha incorporado como mérito específico a computar en varios de los concursos convocados. 

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