• Han seguido ganando dinero con los domicilios a pesar de ser detenidos por los Mossos d’Esquadra e intentan dilatar el proceso de retorno de las propiedades alegando que son una familia sin recursos que se quedará en la calle

A pesar de que los Mossos d’Esquadra los arrestaron por estafa a ambos a finales de marzo, Andrius S. y Yuliya K. han seguido operando con los 17 pisos que han convertido en apartamentos turísticos en contra de la voluntad de sus dueños. «Conocen bien la ley y además cuentan con el apoyo de un abogado que les ayuda», explica la letrada Marta Martín, que lleva casi tres años inmersa en un litigio agotador para que un cliente recupere su domicilio, uno de los 17 que están en manos de la pareja. La última estrategia que ha usado esta trama de subarriendo ilegal ha sido tratar de retrasar los procesos de desahucio de la vía civil presentándose en los juzgados como una familia vulnerable.

Solicitan a través de esta «estafa procesal», como la define Martín, la suspensión extraordinaria del lanzamiento «por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que les imposibilita encontrar una alternativa habitacional para ellos y para las personas con las que conviven», según se recoge en uno de los recursos que han presentado en los juzgados. Completan el intento de fraude aclarando que sus nóminas son inferiores al límite establecido. Lo llamativo del caso, o lo más desesperante para clientes como el de Martín, es que algunos juzgados han aceptado los recursos y han activado a los servicios sociales. Aceptar estos recursos, que solo pretenden ganar tiempo para seguir alquilando habitaciones en plataformas como Booking, implica también ignorar por parte de estos juzgados que Andrius S. y Yuliya K. no viven en ninguno de los 17 pisos distintos que acumulan en el Eixample. Y nadie ha visto tampoco a los tres hijos que afirman tener. Ni siquiera está claro que sean una pareja de verdad.

Alegar vulnerabilidad es una opción disponible para familias sin recursos que al ser desahuciadas pueden terminar en la calle, un recurso no exento de polémica porque a veces se niega en situaciones que indignan a los activistas pero que, cuando se concede, permite retrasar la expulsión de los moradores del inmueble hasta que los servicios sociales buscan un nuevo techo, sobre todo si hay menores o personas vulnerables afectadas. Pero fingir pobreza es una opción incompatible con el caso de Andrius S. y Yuliya K. Los Mossos afirman que, con los 17 pisos, han amasado más de medio millón de euros en los últimos años.

90 habitaciones

La trama de Andrius S. y Yuliya K. se cimentó sobre la plataforma de Airbnb. Antes de que arreciara la pandemia, bajo el perfil de ‘Julia’, ambos llegaron a ofrecer 90 habitaciones a turistas. Por sus camas han pasado más de mil clientes cada año, según los comentarios registrados. Cuando este diario informó de este caso, la multinacional que hasta entonces había ignorado las peticiones de afectados como la letrada Martín, borró el perfil. Para entonces, Andrius S. y Yuliya K. eran ya dos viejos conocidos del Ayuntamiento de Barcelona, que los tiene identificados como «multiinfractores». La inspección municipal que trata de poner orden en la selva de apartamentos turísticos que se publicitan sin permiso a través de plataformas como o Booking había detectado que esta pareja ha dispuesto de 18 pisos distintos que operaban de manera fraudulenta. Los agentes de la Unitat de Investigació de los Mossos, que arrancaron el caso al aparecer la tercera denuncia por estafa, contabilizaron durante sus pesquisas 17, uno menos. Para lograr el contrato de alquiler, Andrius S. y Yuliya K. usaron el mismo engaño con todos los propietarios: fingir que eran un matrimonio que buscaba un hogar para sus tres hijos y que trabajaban para una empresa constructora de Tarragona. Presentaban documentación y nóminas falsas para simular que tenían poder adquisitivo suficiente –es decir, lo opuesto que fingen ahora para evitar los desahucios– y los propietarios entregaban las llaves creyendo que acogían a una familia numerosa. Era una estafa. En cuanto se marchaban, convertían cada habitación –comedor incluido– en una ‘room’ que ofrecían por Airbnb. En los últimos años, ha cancelado a petición del Ayuntamiento un total de 207 anuncios de habitaciones ofertadas por ‘Julia’, una cifra que debe sumarse a las 90 que anularon en octubre de 2020 tras la información de este diario. El consistorio de Ada Colau ha abierto asimismo contra ambos sospechosos expedientes sancionadores. Este es otro caso de las prácticas «mafiosas», en las palabras que Janet Sanz, segunda teniente de alcaldía y responsable de Urbanismo, usó en este diario para referirse a los entramados que han proliferado en la ciudad y que arriendan inmuebles valiéndose de engaños para explotarlos ilegalmente a través de plataformas como Airbnb.

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Andrius S. no se llama así en realidad. Y tampoco es lituano, como decía. Es ruso, como Yuliya K.. Ambos acumulan diversos antecedentes. Los de la mujer son los más inquietantes: hace casi diez años fue juzgada por la Audiencia Nacional por tráfico de personas para la explotación sexual. Es decir, por engañar a mujeres para que viajaran hasta Tarragona con una promesa falsa de trabajo y, una vez en España, coaccionarlas para que se prostituyeran.

Los Mossos imputan a la pareja los delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil. Tras su detención, el pasado mes de marzo, salieron en libertad con cargos. Hay siete propietarios que han denunciado por la vía penal, como Carme Blancher, que es una de las pocas que ha recuperado su piso –acaba de hacerlo y recibe a EL PERIÓDICO para mostrar en la imagen que acompaña esta noticia cómo es el comedor y en qué lo habían convertido– y está decidida a impulsar hasta el final el proceso penal. «Tenemos que hacerlo», afirma.

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