El Gobierno aprueba la Ley de Vivienda pese al informe en contra del CGPJ: «Es hora de dejar atrás las burbujas inmobiliarias»

El proyecto que aspira a limitar los precios se tramitará por vía de urgencia en el Congreso, donde por ahora no tiene los apoyos necesarios

El aprueba la Ley de Vivienda: «Es hora de dejar atrás las burbujas inmobiliarias»

Avisó la semana pasada el de que habría Ley de Vivienda dijera lo que dijera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y así ha sido. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que se tramitará en el Congreso por el procedimiento de urgencia, pese al informe del CGPJ cuestionando varios de los aspectos fundamentales de la que está llamada a ser una de las leyes estrellas del de coalición.

«Esta ley no va en contra de nadie, sino que va a favor de una mayoría social», ha subrayado en la rueda de prensa posterior la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien ha hablado de una «ley histórica» destinada, según la versión del Gobierno, a ampliar el catálogo de derechos en nuestro país y a reforzar el Estado del bienestar. «Es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal, que blinda la función social de la vivienda y cumple un compromiso inaplazable con la mayoría de este país».

Según ha detallado Sánchez, la nueva ley protegerá y fomentará el parque público de vivienda social, mejorará la regulación de los desahucios a personas en situación de vulnerabilidad, incentivará la vivienda protegida a precio limitado y establecerá fórmulas para contener y corregir los desequilibrios en los precios de alquiler en las «zonas de mercado tensionado», uno de los puntos más conflictivos del proyecto.

La semana pasada el Consejo General del Poder Judicial aprobó por 15 votos a favor y seis en contra un informe, preceptivo pero no vinculante, en el que el órgano de de los jueces cuestionaba la de competencias autonómicas en que podría incurrir el así como la posible intromisión en el derecho a la propiedad privada.

El CGPJ consideraba el texto del Gobierno «sobrecargado», «contradictorio», «farragoso», «incongruente», «nocivo», «innecesario» e «inoportuno».

«Esta es una ley imprescindible porque el mercado ya se ha demostrado ineficaz para dar respuesta», ha reiterado Raquel Sánchez. «Aquellos que pregonan ahora la liberalización lo único que consiguieron fue el lucro de grandes grupos inmobiliarios, lo que generó mucho sufrimiento a la gente de este país. Evitar la especulación es un mandato de la Constitución y nadie debería ver en ello una colisión con el derecho a la propiedad, porque esta ley lo protege. La ley no va en contra de los propietarios, sino en contra de la especulación», ha asegurado.

La ministra ha mostrado su «respeto absoluto» por las consideraciones del CGPJ y ha asegurado que en el proyecto se han incorporado «algunas de sus observaciones», pero ha recordado que su informe no es vinculante y ha subrayado que poder hacer frente al pago de las hipotecas o los alquileres es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos españoles, «algo que ha limitado muchos proyectos de vida y ha generado angustia a mucha gente, sobre todo a los jóvenes y los más vulnerables». Ha defendido también que el Estado tiene «competencia exclusiva» a la hora de garantizar la igualdad de acceso de los ciudadanos al ejercicio de sus derechos, incluido su derecho a una vivienda digna.

«Este proyecto de ley reconoce las competencias de las autonomías en materia de vivienda y pone a su disposición los instrumentos para ayudarlas a hacer efectivo este derecho», ha añadido. «La vivienda no puede suponer una condena a la pobreza ni una losa para los más jóvenes que les impida materializar sus sueños».

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido que esta ley es un primer paso para dejar atrás la especulación y los pelotazos urbanísticos. «Ya es hora de dejar atrás las burbujas inmobiliarias, que es lo único que ha conocido mi generación», ha reivindicado.

Belarra ha asegurado que el estado actual del sector inmobiliario beneficia sólo a los fondos de inversión y a los grandes propietarios, «que viven de alquilar muchas viviendas que han heredado y no trabajan», y ha sostenido que el proyecto del Gobierno «pone orden en la ley de la selva». «Es la hora de reequilibrado esta balanza, proteger a los inquilinos, que son parte la parte más débil de la ecuación, dar facilidades a los pequeños propietarios y exigir responsabilidades a los grandes».

Las dos ministras han insistido en que la aprobación de esta ley es «urgente» y han hecho un llamamiento al resto de fuerzas políticas para «trabajar conjuntamente, escuchar y mejorar el texto», que ha salido del Consejo de Ministros nuevamente sin contar con los apoyos necesarios en el Congreso.

Socios del Ejecutivo

Los socios del Gobierno (ERC, PNV y Bildu) ya amenazaron con tumbar la ley al considerar, principalmente, que el plazo de 18 meses que se ha concedido el Ejecutivo para establecer un índice de precios de referencia en la vivienda es excesivo. Tanto Sánchez como Belarra han repetido hoy que esos 18 meses fijan un «plazo máximo» y han reiterado que para el la aprobación de la ley es «urgente».

Cuestionadas ambas por el rechazo a esta ley que han manifestado también varios Ayuntamientos y Gobiernos autonómicos, no sólo del PP, Sánchez y Belarra han comprado la nueva regulación de la vivienda con la ley del matrimonio homosexual, el aborto o la eutanasia. «Los avances sociales han tenido siempre el rechazo de los poderes abiertamente reaccionarios», ha dicho Belarra, que ha pronosticado que, con el paso del tiempo, «los partidos de derechas también asumirán esta ley como propia».

«Cuando los dirigentes del PP tengan en sus manos herramientas para bajar los alquileres tendrán que responder ante la ciudadanía. Si la gente ve que los precios bajan en Valencia o en Barcelona, pero en otros sitios no, pedirán cuentas al y tendrán que repensarse su postura», ha zanjado.

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