El informe del Gobierno Ayuso alerta de una crisis de suministros básicos si hay apagón total

Fue a principios de noviembre durante una visita al Repsol Technology Lab de Móstoles. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo: «Este es un buen lugar para mostrar nuestra preocupación por la situación energética y social en España.

El precio de la luz, el gas y otros productos esenciales se están disparando cada vez más». La presidenta madrileña mostraba así su inquietud por el cierre -días antes- del gasoducto Magreb-Unión Europea por el que llega a España el 40% del gas argelino y el 25% del gas total que necesita nuestro país. La presidenta decía aquel día que «el temor al desabastecimiento es real entre la gente».

Pocas horas antes, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Energía, Teresa Ribera, había «descartado con rotundidad» que España pudiera sufrir un apagón eléctrico. «Es un tema que descartar de nuestro horizonte de preocupaciones con total rotundidad», remarcó la ministra. Y añadió: «Todo funcionará perfectamente».

Son dos visiones y actitudes -la de los Gobiernos de y Pedro Sánchez- bien distintas ante un problema que otros países europeos se están tomando en serio. Los departamentos de Seguridad Nacional de varios de ellos han elaborado ya o están actualizando planes de contingencia, cuanto menos, para estar preparados si ocurriera un apagón energético general que, sin duda, afectaría a la cadena logística de suministro de productos básicos para la vida diaria de los ciudadanos y la actividad industrial y económica.

Ha pasado más de un mes de aquellas declaraciones, la factura de la y el coste de la vida en general han empeorado sustancialmente. La marca, hoy lunes, el tercer día más caro de la historia, estamos a las puertas de la Navidad y lo más duro del invierno y la semana que viene los transportistas españoles inician una contra el gobierno Sánchez. Amenazan con hacerla indefinida ahogados por el precio del gasoil y la incapacidad de un ejecutivo ausente al que acusan de estar «paralizado» sin solucionarles nada.

En este marco, el Gobierno de Isabel Díaz ha elaborado un informe restringido que prevé «la posibilidad de que, como consecuencia de posibles desabastecimientos energéticos, se produzca un apagón a gran escala en el territorio europeo». El documento de 10 páginas -al que ha tenido acceso OKDIARIO- señala que tal situación «no sólo no es una idea descabellada, sino que las autoridades de algunos países están trabajando con seriedad en planes de emergencia o contingencia que hagan frente a una eventualidad que los expertos no descartan». Y añade, entre otras cosas, que «a este desabastecimiento energético, y en gran medida a consecuencia suya, se suma la posibilidad de un desabastecimiento de productos de primera necesidad para la población, como los alimentos, componentes electrónicos para la industria y otros materiales que forman parte de las necesidades básicas para un funcionamiento normalizado de nuestra sociedad».

El informe del Gobierno habla de un «escenario que no es imposible y provocaría situaciones de grave riesgo para los ciudadanos». Por eso, recomienda la creación urgente de un plan autonómico de contingencia. La decisión de aprobarlo se pospuso a última hora el jueves pasado en el Consejo de Gobierno presidido por Ayuso.

Competencia de Sánchez

El documento recuerda que la competencia es estatal y cita los artículos 10 y 22.2 de la de Seguridad Nacional en los que queda claro que corresponde al Gobierno de la Nación la gestión de una crisis así «a través de instrumentos de prevención, respuesta, retorno a la normalidad y evaluación, dando participación a las comunidades autónomas que puedan resultar afectadas». Por ello, lo primero que recomienda el texto es instar al gobierno de Pedro Sánchez «a activar los mecanismos de previsión, anticipación y actuación necesarios en colaboración con el sector energético y Protección Civil, ya que es evidente -continúa- que una situación adversa como la que nos están advirtiendo puede poner en grave riesgo a los ciudadanos».

El informe desgrana, a continuación, el esquema básico del plan que habría de aprobarse en el ámbito de las competencias autonómicas. La base sería el PLATERCAM, el Plan Territorial de Protección Civil, que permite, «como Plan Multirriesgo», la respuesta coordinada del gobierno regional con todos los ayuntamientos madrileños «cuando una situación de desabastecimiento, derivada de una crisis energética, suponga un grave riesgo colectivo» y «en tanto en cuanto no se establezcan los planes estatales que se solicitan».

Infraestructuras críticas

El documento propone identificar «las infraestructuras críticas y esenciales que deben priorizarse en su abastecimiento de energía» en caso de crisis. Y cita «hospitales, centro socio sanitarios, transporte, alimentación, comisarías, parques de bomberos y empresas de suministros, gasolineras estratégicas e instalaciones, conducciones y depósitos de hidrocarburos». También indica «los mecanismos de coordinación con las empresas energéticas y de suministros básicos para intercambiar información y garantizar su seguridad». Asimismo, la elaboración de un «catálogo de medios y recursos a activar» en caso de tener que implementar «sistemas puntuales de aporte de energía». El documento habla del personal de emergencias y servicios públicos esenciales y también del de «servicios privados relacionados con el abastecimiento de productos básicos como alimentación, energía y comunicaciones». E identifica como «infraestructuras críticas» los «hospitales, residencias de ancianos, centros logísticos, grandes nodos de transporte y centrales energéticas». Además, pide un listado concreto de «albergues e instalaciones (en uso o potenciales) para la protección de desplazados en riesgo».

Además, el informe considera que el protocolo del gobierno regional debería incluir recomendaciones a la población «cara a afrontar la falta de suministros energéticos en el hogar, alimentos de primera necesidad y los riesgos asociados a las fuentes alternativas de calor o luz». Y habla de «proveerse de generadores eléctricos, baterías, pilas, velas, linternas, receptores analógicos de radio y alimentos básicos que no requieran conservación en frío». Recalca la «importancia fundamental del Gabinete de Información» para «difundir a través de los medios de comunicación las órdenes, mensajes y recomendaciones de las autoridades e informar de la emergencia a organismos, entidades y particulares, reduciendo al máximo las noticias falsas».

En la «propuesta de Protocolo de actuación frente al riesgo de ausencia de suministro energético» de la Comunidad de Madrid se define, muy detalladamente, la estructura y organización de las autoridades y departamentos implicados en caso de producirse la crisis y las fases de actuación con sus medidas para cada una: «Anticipación y Prevención, Respuesta o Activación del Plan y Vuelta a la Normalidad». El Plan no es sólo público. Implica la movilización como «parte del Grupo de Apoyo Logístico a las empresas de servicios: agua, electricidad, gas, combustible, teléfono, etc».

El detalle de las recomendaciones de este documento ante una situación de apagón general y desabastecimiento llega a citar «la especial importancia que -dice- tendrían las cuestiones relacionadas la atención psicosocial de la población afectada». El gobierno regional madrileño tenía prevista su aprobación en su reunión del pasado jueves, pero finalmente no se produjo.

Fuentes relacionadas con la Seguridad Nacional manifiestan a OKDIARIO su «inquietud» por la «pasividad» del Gobierno de Pedro Sánchez ante una eventualidad así. Y recuerdan que el Departamento de Seguridad Nacional, en el búnker de Moncloa, realiza «a diario» informes y recomendaciones como ocurrió durante los meses de enero, febrero y principios de marzo de 2020 antes de que se produjera la erupción dramática del Covid.

Las mismas fuentes hablan también de «responsabilidad y prudencia» para no generar un «clima innecesario de pánico en la población». «Prevenir no es alarmar», añaden, «si se hace bien».

Más de un año sin ensayos

El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) dispone del llamado Comité de Seguridad Energética. Es un órgano de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que preside el Rey Felipe. La última reunión del CSN, en Zarzuela, fue el pasado 18 de noviembre. Se desconoce si se trató o no, expresamente, la eventualidad de un apagón general.

El Comité de Seguridad Energética del DSN lo conforman distintos departamentos del Gobierno, incluido el CNI. Lo preside la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen Muñoz. El vicepresidente es el general Miguel Ángel Ballesteros, director del DSN .

Se reúne, al menos bimestralmente, a iniciativa de la secretaria de Estado cuando lo considere oportuno atendiendo a las necesidades que en materia de seguridad energética demande la Seguridad Nacional. La iniciativa es, por tanto, política.

Fuentes conocedoras de su funcionamiento recuerdan que su labor es la creación y renovación constante de planes. Pero apuntan, también, que el ejercicio de Seguridad Nacional para poner a prueba la seguridad enérgica de España está pendiente de realizarse desde hace más de un año porque se aplazó por la pandemia y no se ha retomado. Son ejercicios sobre situaciones ficticias distintas, desde terrorismo a terremotos. Y, también, cómo no, para poner a prueba la seguridad energética de nuestro país.

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