El Ayuntamiento de Palma, presidido por el alcalde socialista José Hila, exige al concesionario del centro comercial de S’Escorxador el pago de 1,5 millones por deficiencias en el mantenimiento de esta instalación municipal, que revertirá a manos del Consistorio palmesano el próximo 31 de diciembre. 

En concreto, las carencias detectadas en una primera inspección por los técnicos municipales afectan a todas las instalaciones de este popular recinto gestionado por Mercasa: fachadas, cubiertas comunes, pavimento, zona verde ajardinada, pluviales así como la instalación eléctrica y fontanería. 

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha abierto un expediente de declaración de responsabilidad contractual, imputable a la mercantil Mercasa, por los desperfectos existentes en las obras e instalaciones de S’Escorxador, a consecuencia del incumplimiento de la obligación de mantenimiento y conservación de estas instalaciones.  

A final de año finaliza el periodo de concesión de 30 años de la gestión de este recinto, aprobado por acuerdo de pleno de 8 de octubre de 1992. Un convenio que obligaba a Mercasa a ejecutar las obras de rehabilitación del antiguo edificio del matadero municipal. Como contraprestación, la entidad adquirió el derecho de explotar, por sí o por terceros, el centro comercial y aparcamiento subterráneo durante las tres décadas estipuladas. 

Una vez agotado el periodo de explotación de este emblemático recinto del barrio de Camp Redó, las instalaciones deberán revertirse al Ayuntamiento en estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

Por ello, antes de la extinción de la concesión y durante estos últimos meses, se han realizado diversas inspecciones en el equipamiento. 

La cláusula decimocuarta del contrato, relativa a su extinción, establece que, transcurrido el plazo previsto para la duración de la cesión del uso y explotación, Mercasa revertirá al Ayuntamiento los aparcamientos, centro comercial y zonas comunes objeto de la cesión, en las condiciones de uso y mantenimiento adecuadas a tenor del tiempo transcurrido. 

Todo en base a que la explotación del dominio público municipal, lleva inherente la obligación del concesionario de velar porque el uso de la obra e instalaciones no se deterioren, y que se mantengan en buen estado de conservación, para cuando llegue el momento de la reversión y entrega a la Administración concedente.

El informe técnico derivado de dichas comprobaciones, concluye que existen multitud de deficiencias en las instalaciones y zonas comunes del Centro Comercial de S’Escorxador, debidas a la falta del mantenimiento y que, inicialmente, aparecen cuantificadas en un total de 1.528.183,21 euros.

De este modo se evidencia, según el Consistorio palmesano, que Mercasa no habría cumplido con sus obligaciones contractuales de mantenimiento y conservación. Por ello la Junta de Gobierno, ha dado vía libre a la apertura del pertinente expediente de responsabilidad contractual.

En el mismo, se le otorga al concesionario un plazo de 15 días para que presente los documentos y justificaciones que estime oportunos.  En caso de que no haya acuerdo serán los tribunales los que dictaminen al respecto.

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