El Gobierno blinda a los pensionistas ante la inflación, pero deja fuera el SMI, los sueldos públicos y el ingreso mínimo vital

Nunca antes en los últimos 29 años se había encarecido tanto el coste de la vida como en la recta final de este 2021. Según la última estimación del Índice de precios del consumo (IPC) que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes, los precios de los bienes más habituales de consumo fueron en noviembre un 5,6% más caros que en el mismo mes del año pasado. Si los factores que están impulsando la inflación no remiten en el corto plazo (y nada indica que vayan a hacerlo hasta el año próximo) 2021 cerrará con un incremento del IPC cercano al 3% en promedio del año.

El encarecimiento del consumo afecta a todo el mundo, pero no todas las capas de población tienen las mismas herramientas para absorber el impacto. Uno de los colectivos vulnerables más expuestos a la subida de precios son los pensionistas. Para evitar que sus ingresos se devalúen, el Gobierno aprobó el pasado julio recuperar la vinculación de sus prestaciones al IPC. Mediante este mecanismo, las prestaciones aumentan automáticamente en función de lo que marque el promedio de la subida del IPC interanual registrada en los doce meses anteriores a diciembre, que este año ha sido del 2,5%. De esta forma, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas se neutraliza automáticamente cada año.

Sin embargo, otras capas de la población como quienes cobran el salario mínimo, los funcionarios o quienes dependen del ingreso mínimo vital y otras ayudas no tienen garantizado su poder adquisitivo y la inflación les está pasando factura.

La inflación se come la subida del salario mínimo

Los esfuerzos del Ejecutivo por elevar la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) ya han sido contrarrestados por el alza de precios. En octubre se aprobó una subida que elevó el SMI de 950 a 965 euros mensuales en 14 pagas, un incremento del 1,6%. Por tanto, si el año cierra con una inflación promedio del 3%, quienes perciben este ingreso habrán perdido poder adquisitivo pese al incremento salarial. En concreto, el alza de precios provocará a estos trabajadores una pérdida de poder adquisitivo de 29 euros mensuales que la subida de 15 euros de octubre no logra compensar.

Además, hay que tener en cuenta que el incremento del SMI solo se ha aplicado a las pagas de septiembre en adelante, por lo que la pérdida de poder adquisitivo es todavía mayor. Si no se hubiera subido el SMI, estos trabajadores habrían perdido 400 euros de poder adquisitivo durante este año, una cantidad que solo se ha visto ligeramente amortiguada por la mejora del salario mínimo.

En cualquier caso, el descarta por el momento vincular el salario mínimo con el IPC y remite al objetivo de que alcance el 60% del salario medio en 2023. «Es un objetivo que vamos cumpliendo. No es tanto subirlo respecto al IPC, sino al salario medio», expresó Felipe Sicilia, portavoz del PSOE, este lunes.

Subidas salariales insuficientes para los funcionarios

Los empleados públicos son otro de los colectivos más perjudicados por la elevada inflación. El año pasado el Ejecutivo aprobó una subida salarial del 0,9% para este colectivo que quedará lejos del 3% de incremento de inflación promedio esperado este año. Para el sueldo medio de un funcionario, que en 2019 promedió los 2.761 euros brutos mensuales, esto supone una pérdida de poder adquisitivo de 58 euros al mes, que en el conjunto del año ascendería a 696.

Además, es de esperar que este colectivo vuelva a perder poder adquisitivo de nuevo el próximo año. El se comprometió a subir los salarios de los empleados públicos un 2% en 2022, un incremento que no compensa la pérdida de poder adquisitivo de este año y que podría ser insuficiente si la inflación en 2022 se mantiene por encima del 2%, como vaticinan algunos analistas.

Qué ocurre con el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas

Las personas y hogares que reciben el ingreso mínimo vital perderán también algo de poder adquisitivo. Esta prestación social está vinculada de forma directa al valor de las pensiones no contributivas, que este año asciende a 469,9 euros mensuales. Estos 470 euros de base pueden aumentar en función de la tipología del hogar y a ellos hay que descontarles los ingresos que obtienen los beneficiarios por otras vías. En septiembre de 2021 el IMV promedio ascendía a 436 euros mensuales por hogar, según datos de la Seguridad Social.

La pérdida de poder adquisitivo de quienes reciben el IMV está sujeta, por tanto, a la revalorización de las pensiones no contributivas, que no están vinculadas directamente al IPC. El año pasado el aprobó una subida del 1,8% para estas prestaciones, una cifra sensiblemente más baja que el 3% de inflación promedio esperado. Para un beneficiario individual del IMV que recibiera esos 469,93 euros de base, el efecto de la inflación habrá reducido su poder adquisitivo un 1,2%, es decir, casi seis euros al mes y 68 en un año.

No obstante, el Ejecutivo se ha comprometido en los Presupuestos para 2022 a revisar las pensiones no contributivas un 3% al alza, lo que afectará al IMV. Si la inflación se mantuviera elevada a lo largo de 2022, este incremento podría no ser suficiente como para compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida este año.

Además, hay otras rentas que no tienen cláusulas de indexación al IPC, como es el caso de las que dependen del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). De este indicador dependen, por ejemplo, numerosas becas, prestaciones sociales, rentas mínimas de inserción e incluso las prestaciones mínimas por desempleo. Tras cuatro años congelado el lo elevó hasta los 564,9 euros el año pasado, una subida del 5% suficiente como para compensar el efecto de la inflación prevista en 2021. No obstante, si los precios siguen altos en 2022 y el Iprem no se revisa, quienes cobren rentas que dependan de él perderán poder adquisitivo.

La incógnita de los convenios colectivos

Al margen de lo que ocurra con estos colectivos queda la incógnita de qué pasará con el poder adquisitivo de los asalariados en general, cuyos sueldos en la amplia mayoría de los casos no se revalorizan automáticamente conforme al IPC. Según un estudio publicado por el tres años después de la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012, solo el 15% de los convenios colectivos tenían cláusulas de revisión del salario vinculadas al IPC. No obstante, aunque la mayoría de los salarios no se revisen automáticamente de esta forma, es de esperar que los trabajadores presionen para lograr subidas salariales que compensen, aunque sea solo en parte, el encarecimiento en el coste de la vida.

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