Será gestionado por las comunidades autónomas y tendrá una limitación máxima de un bono por unidad familiar

La ayuda se enmarca dentro de los 360 millones aprobados por el Consejo de Ministros para impulsar la conectividad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una dotación de 360 millones de euros de los fondos europeos a disposición de las comunidades autónomas para impulsar la conectividad, según ha desvelado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión. Esta dotación servirá, entre otras cosas, para crear un nuevo bono social de hasta 240 euros al año para que los hogares vulnerables puedan contratar Internet.

En concreto, el presupuesto para esta ayuda asciende a 30 millones de euros y permitirá contratar o “mejorar la conexión a banda ancha fija, con una velocidad mínima de 30 Mbps, para personas o familias identificadas como vulnerables”, según la secretaría de Estado de Telecomunicaciones. La ayuda será distribuida entre comunidades autónomas de acuerdo al número de familias en riesgo de pobreza. Existirá una limitación de un bono por unidad familiar y persona con cuantía máxima de 240 euros al año.

Además, el Gobierno destinará otros 100 millones de euros para reforzar la conectividad en polígonos, centros logísticos y áreas de concentración de actividad económica. El programa incluirá tanto el despliegue de banda ancha que permita velocidad de 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, como la interconexión de los centros o instalaciones entre sí, con la finalidad de facilitar el acceso de altas prestaciones a redes en proyectos de carácter innovador de digitalización sectoriales. Los otros 80 euros se dirigirán a mejorar las instalaciones de telecomunicaciones en los edificios construidos antes del año 2000, según ha explicado la ministra portavoz.

La reunión de los ministros de este martes también ha incluido la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones que inicia, así, su tramitación en el Congreso de los Diputados con el objetivo de “adaptar las tecnologías al momento actual”. La norma trata de armonizar la legislación española con la normativa española, así como incentivar la inversión en redes de telecomunicaciones e impulsar la coordinación de todas las administraciones. 

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Además, con la nueva normativa quiere avanzar en el despliegue de obra civil en redes de alta capacidad y en la reducción de trámites administrativos para este tipo de gestiones. Rodríguez, que no ha dado más detalles al respecto, ha afirmado que la ley regulará los servicios de comunicaciones electrónicas y velará por garantizar la integridad, seguridad y transparencia de estos servicios.

Esta ley se enmarca en las reformas comprometidas con la Unión Europea en el plan de reestructuración y recuperación económica presentado por España, que prevé que el 100 % de la población esté conectada con alta velocidad de internet en 2025.

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