El Govern balear no acatará la sentencia del Supremo sobre el 25% de la enseñanza en castellano

El diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha emplazado este martes al conseller de Educación, Martí March, a escoger «entre el sentido común y la radicalidad de sus socios». En relación a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 25% de castellano en la enseñanza en Cataluña, Lafuente ha reclamado al conseller en el pleno del Parlament que «reflexione» sobre el de la lengua propia en el sistema educativo balear.

En su réplica, el conseller socialista ha asegurado que la sentencia del Supremo no tiene ningún efecto en Baleares y ha hecho hincapié en que él «puede responder sobre las cosas que pasan en las Islas».

Opinión muy distinta es la que sostiene la asociación de profesores Plis Educación que exige que el proyecto de Ley de Educación de Baleares incluya la obligación de impartir en castellano un 25% de la enseñanza. La petición se apoya precisamente en el aval del Supremo a la sentencia del Tribunal Superior de Justica (TSJ) de Cataluña, que tumba la inmersión lingüística en catalán. Así, la plataforma ha defendido que la jurisprudencia es clara y que «debe abrirse una etapa más acorde con la realidad bilingüe balear».

El conseller March, sin embargo, ha subrayado que la presencia del catalán en el sistema educativo balear se basa en lo que dice el Estatuto, la Ley de Normalización y el Decreto de Mínimos. Además, ha añadido que el objetivo final es que los alumnos acaben su etapa educativa obligatoria sabiendo castellano y catalán, las dos lenguas oficiales.

En contra de lo que sostiene el conseller Martí March está la Ley de Educación de Baleares, ahora en tramitación parlamentaria, en la que se permite que el 100% de la enseñanza sea en catalán.

En este sentido, Plis Educación lamenta que «se prohíba el como lengua vehicular en la enseñanza pública de Baleares desde hace décadas». Consideran que si el Supremo respalda que la inmersión es ilegal en , «entonces también lo es en Baleares». Por ello, ha animado al conseller de Educación, Martí March, a «ser valiente y proponer o apoyar una enmienda a favor del 25% mínimo». La asociación ha asegurado que de lo contrario, la futura ley educativa, que se llamará ley March, «recibirá una condena de los tribunales y tendrá una vida corta».

A pesar de todo ello, el conseller de Educación ha lamentado en el Parlament que los posicionamientos del PP «hayan creado más independentistas de los que pueden imaginar». Mientras, el diputado del ha criticado que los socios del Govern critiquen a los jueces y no dejen de avanzar «en sus posiciones radicales».

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha respondido en el Parlament a una pregunta de sobre este asunto, asegurando que «Baleares no está sometida a Cataluña» y que el modelo lingüístico de las Islas «es fruto del consenso».

Según ha puntualizado la presidenta Armengol, «el Supremo ha emitido una resolución, que no una sentencia, en la que reafirma la obligación de un 25% de enseñanza en castellano en Cataluña, después de haber desestimado un recurso que había planteado la Generalitat». Por tanto, ha hecho hincapié la dirigente autonómica, «en este caso, el Tribunal Supremo no crea jurisprudencia».

Además, Armengol ha lamentado que en el Parlament «se hable del modelo lingüístico de y no del de Baleares, que es un modelo pactado, consensuado, que no ha tenido ninguna sentencia en contra y que viene del Estatuto de Autonomía, la Ley de Normalización Lingüística y del Decreto de Mínimos, que recoge la Ley de Educación de Baleares».

Por su parte, la coordinadora autonómica de Cs Baleares y portavoz del grupo parlamentario, Patricia Guasp, ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que «el Govern balear, condicionado por Més per Mallorca, no tome nota de las sentencias del Supremo».

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