El Partido Popular lanza su ofensiva para frenar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que planean PSOE y Podemos. Una reforma que llega envuelta en la polémica por la indefensión que provoca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El partido de aprovecha sus enmiendas, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, para introducir varias modificaciones a la ley vigente, de 2015. Se proponen sanciones de hasta 600.000 euros para quienes okupen una vivienda u organicen homenajes a etarras. Dos cuestiones ante las que el Gobierno ha demostrado su absoluta pasividad.

Así, los populares proponen ampliar el apartado de «infracciones muy graves» para incluir  «la celebración de una reunión o manifestación organizada para rendir homenaje al autor de un delito de los contemplados en el artículo  23.2.b de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito y no sean constitutivas de infracción penal». Es decir, los homenajes a miembros de ETA, de los que serán también responsables «las autoridades o funcionarios del ayuntamiento que con cualquier tipo de medida faciliten dichas reuniones o manifestaciones».

Además, será considerada una infracción muy grave «la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajeno, o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo» igualmente «cuando no sean constitutivas de infracción penal». Estas infracciones se sancionarán con multas de entre 30.001 a 600.000 euros.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se debate actualmente en el Congreso a partir de la proposición de ley del PNV, que persigue acabar con la norma PP que fue avalada por el Tribunal Constitucional. PSOE y Podemos han acordado más de medio centenar de cambios, entre los que se incluyen algunos especialmente polémicos y que ya han recibido una fuerte contestación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Organizaciones de la y la han convocado una manifestación masiva para el próximo 27 de noviembre para protestar por las intenciones del Gobierno socialcomunista.

Medidas polémicas

Uno de los puntos que genera más preocupación a las Fuerzas de Seguridad es el que respecta a las grabaciones. Según la propuesta de PSOE y Podemos, la toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, además de su difusión sin permiso, no constituirá infracción, pero los agentes no podrán grabar a los infractores.

La medida ha provocado una enorme inquietud entre y Guardia Civil, en un momento de gran conflictividad social. Cada día se registran más de 30 agresiones a agentes.

Además, si prosperan los cambios introducidos por los socios del Gobierno, las manifestaciones no comunicadas ya no serán sancionadas. También se limita el tiempo de detención, que pasará de seis horas a dos como máximo, en el caso de aquellas personas que son arrestadas y se niegan a identificarse. Asimismo, se limita la capacidad de los agentes para efectuar cacheos, de forma que no se podrá pedir a ninguna persona que se desnude en una actuación policial.

El Ejecutivo también prepara cambios en la utilización del material antidisturbios, obligando a los agentes a usar «medios menos lesivos» y «evitando aquellos que causen lesiones irreparables». También se cuestiona la presunción de veracidad del atestado policial, de forma que «gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario». La reforma también reduce las infracciones por tenencia de sustancias estupefacientes en espacios públicos y establecimientos, que pasarán de graves a leves, y se dejarán de considerar graves las protestas frente al Congreso de los Diputados.

Recurso al Constitucional

El presidente del PP, Pablo Casado, ya ha avanzado este martes que si el Parlamento aprueba la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, su partido la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Casado ha mantenido un encuentro en el Congreso con representantes de 17 sindicatos policiales y asociaciones de la y ha avanzado que su partido apoyará la manifestación convocada para el 27 de noviembre. El líder popular ha confirmado además que derogará esta reforma en cuanto llegue a La Moncloa. «Es una línea roja que ataquen a los defensores de la libertad y seguridad», ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha advertido que la reforma es de «dudosa constitucionalidad» y ha criticado que se defiende «el final de la impunidad» de forma que «desprotege a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que tienen como única función y única labor, que es garantizar nuestra libertad y nuestra seguridad».

Gamarra ha considerado que el Gobierno y los socios dan la impresión de querer «armarse políticamente para la vuelta a la oposición y tener un escenario perfectamente preparado para calentar las calles cuando allí los vuelvan a situar los ciudadanos, buscando la impunidad para ello a través de estas reformas legislativas». «No hay espacio para su derogación», ha señalado, en alusión al aval del Tribunal Constitucional a la Ley de 2015.

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