El PSC ha apoyado que el Parlament de no exija al Govern de Pere que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo de aplicar un mínimo de un 25% de clases en castellano en todos los centros escolares de la región. Se trata de una nueva cesión de los socialistas a los separatistas catalanes después de que el de sacase adelante los Presupuestos de 2022 con el apoyo del ERC.

ha presentado este lunes una propuesta en la Comisión de Educación del Parlament. Esta propuesta era para que la Generalitat de diera «cumplimiento a las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que acuerdan establecer enseñanza en castellano en porcentajes no inferiores al 25% en todos los centros públicos catalanes». La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra del PSC, ERC, JxCAT, la CUP y En Comú Podem. Ciudadanos y la formación de Abascal han votado a favor, mientras que el PP no ha participado en la comisión.

La semana pasada el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de aplicar un mínimo de un 25% de clases en castellano en todos los centros escolares de Cataluña. La Generalitat de aseguró horas después de que no acatarán esta sentencia. El Ejecutivo catalán lleva saltándose las sentencias judiciales dictadas en esta materia desde 2010.

La diputada del PSC en la cámara catalana Esther Niubó ha votado en contra de la propuesta presentada por para defender la condición de lengua vehicular del catalán. También ha apelado al cumplimiento de todas las sentencias judiciales firmes, aunque su voto finalmente ha sido en contra.

«Busca segregación social»

Los separatistas han asegurado que la sentencia del Supremo «hace pasar 80 familias por encima de un millón y medio de estudiantes», según ha asegurado Francesc Ten (JxCAT). La parlamentaria de ERC Najat Driouech ha acusado a de buscar «la división y segregación social». Carles Riera, de la CUP, ha señalado que «la inmersión real todavía no existe». David Cid, de los comunes, ha señalado que la propuesta del partido de Abascal «es del pasado» y ha defendido que la LOMLOE, conocida como la Ley Celaá, «blinda la inmersión lingüística».

El diputado de Vox Manuel Acosta ha pedido al Govern de Aragonés «respetar el principio constitucional por el cual el castellano debe ser lengua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales opcionales». Además, ha acusado al consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, de querer «desobedecer» las últimas decisiones judiciales en esta materia.

Acosta ha argumentado que la actitud de Gonzàlez-Cambray «denota que la imposición del catalán y el ostracismo del castellano es tan flagrante que tiene que intervenir el poder judicial». «El Govern utiliza la lengua como palanca ideológica», ha apostillado.

El diputado de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco, ha apoyado la propuesta de porque el castellano, a su juicio, «debe tener un lugar simbólico importante en la escuela y las instituciones». En este sentido ha reclamado un modelo de conjunción lingüística con una presencia equilibrada de catalán y castellano.

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