Fiscalía acusa a la delegada del Gobierno en Ceuta de prevaricación en la devolución de menas marroquíes

La Fiscalía de Ceuta ha citado a declarar el próximo lunes 13 de diciembre en calidad de investigada a la delegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la devolución, el pasado mes de agosto, de menores extranjeros no acompañados (menas) de nacionalidad marroquí.

La operación, avalada públicamente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afectaba a 55 menores marroquíes llegados a Ceuta durante la invasión migratoria del pasado mes de mayo y que permanecían acogidos por el Servicio de Protección a la Infancia autonómico.

El Ministerio Público también ha llamado a testificar, en este caso en calidad de testigos, al secretario general de la Delegación, Ismael Kasrou, y a la consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Mabel Deu, competente en materia de Menores. Una vez oídos a los tres, la Fiscalía de Ceuta deberá decidir si denuncia a Mateos para abrir un procedimiento penal o si, por el contrario, archiva las diligencias.

Cabe recordar que las diligencias incoadas son el de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores de Granada por ‘L’Escola A.C Asociación para el desarrollo integral de las personas’.

de Extranjería

La Secretaría de Estado de Seguridad «rogó» el 10 de agosto en un correo electrónico dirigido a Kasrou que se iniciase cuanto antes la repatriación de menas marroquíes acogidos en Ceuta en base al acuerdo sobre ‘Cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado’ de 2007, evitando así ceñirse a lo establecido en el Reglamento de la de Extranjería.

Dicha norma establece que la delegada es la competente en Ceuta para «llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado» previa solicitud de informes tanto a la entidad que tenga atribuida su guarda, custodia o tutela como al país de origen, requisitos que no se cumplieron durante las expulsiones ejecutadas entre el 13 y el 16 de agosto, cuando la Justicia ordenó su paralización.

La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta concluyó que «ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores», a pesar de que el propio pacto bilateral entre Estados estipula que las autoridades españolas debían obrar «con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño».

«Ni se ha tramitado cumpliendo con los referidos trámites de obligado cumplimiento el procedimiento administrativo ni consta resolución expresa sobre dicha cuestión respecto a cada uno de los menores exigible en nuestra legislación», argumentó entonces la magistrada para paralizar el procedimiento de devolución.

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