El agente expedientado por destapar la corrupción en la de pidió en marzo protección, por el convencimiento de que se abriría una causa general contra él y apuntando como los primeros responsables, si esto se produjera, a la concejala socialista de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, y al jefe de la Local, José Luis Carque. Así lo solicitó a través de un escrito presentado en la Oficina Anticorrupción del Parlament balear.

El agente ya advertía, por tanto, hace meses que para ello los mandos políticos de la Prefectura de la Local no tendrían dudas en utilizar al personal de confianza de libre designación que cumple sus funciones en el departamento de Asuntos Internos del cuartel de San Fernando.

El policía, ahora ya expedientado, advertía a los investigadores de este organismo público, al que remitió toda la documentación ahora en investigación, de que era consciente de las consecuencias de ser sancionado y apuntaba a cambios de destino y suspensiones de empleo y sueldo. En su caso de hasta tres meses, según el expediente sancionador abierto por la regidora socialista.

Éste y otros agentes del cuartel de la Local denunciaron en Anticorrupción, como ha venido revelando en exclusiva OKBALEARES, el posible amaño de cinco plazas para sindicalistas policiales o el cobro de miles de euros en horas extra por parte de altos mandos del Cuerpo imputados en el caso Cursach, uno de los mayores escándalos de corrupción de Baleares. Todo ello tras la decisión de la concejala socialista Adrover de paralizar los bolsines de oficiales y subinspectores.

Con ello, la dirección policial impedía a los denunciantes cualquier posibilidad de ascenso, además de obtener los mandos del Cuerpo pingües beneficios al haber hasta 40 plazas sin cubrir es estas dos escalas de mando.

En el escrito a Anticorrupción, el agente invoca el protocolo de actuación para la protección y salvaguarda de los derechos de los denunciantes aprobada por este organismo adscrito a la Cámara balear. En concreto, al artículo 6.1, que recoge que como consecuencia de la presentación de una denuncia, las personas denunciantes o alertadoras no podrán sufrir ningún tipo de aislamiento, persecución o empeoramiento de sus condiciones laborales o profesionales.

Tampoco medida alguna que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación, intimidación o represalia, directa o indirecta, ni durante la investigación de los hechos denunciados ni después de ella. Teniendo en cuenta que el expediente disciplinario abierto por el alcalde socialista José Hila es consecuencia de los escritos remitidos a la propia Oficina para la prevención del delito y lucha contra la corrupción, todo apunta a que llegados a este punto, este organismo público tendrá que mover ficha ante lo ocurrido.

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