Redada eléctrica en la Cañada Real: La Policía desmonta enganches ilegales de luz en 80 casas

La Nacional y la Policía Municipal realizaron ayer una operación conjunta con Naturgy contra la defraudación del fluido eléctrico en viviendas del sector 1 de la Cañada Real, en el término municipal de Coslada. Los agentes escoltaron a los técnicos de la compañía que cortaron la en unas 80 viviendas que tenían enganches ilegales de energía en sus domicilios. Estos ladrones de se enfrentan, además, a un delito de fraude en el suministro eléctrico que puede ser castigado hasta con una pena de 12 meses de multa.

La redada se realizó en las viviendas situadas en la calle de Santiago (hasta el número 266), calle Cañada Real, calle de la Granja de Negralejo y la avenida de Vicálvaro, zonas de Coslada muy cercanas al Hospital del Henares y que limitan con la M-45.

Desde las siete de la mañana, la Municipal de Coslada cortó varias calles mientras los técnicos de UFD, la empresa distribuidora de electricidad del grupo Naturgy, se encargaron de llamar a los domicilios infractores para proceder a cortar la luz con la presencia de la Nacional. En concreto se desplegaron en la zona agentes de la Judicial de Coslada, agentes del GOR (Grupo Operativo de Respuesta) y agentes de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción).

Según fuentes policiales, no se produjeron incidentes ni enfrentamientos con los afectados durante la intervención de los técnicos de UFD, los encargados de estos trabajos de antipiratería para Naturgy.

Las viviendas donde se procedió a cortar la energía eléctrica tienen conexiones ilegales a la red desde hace varios años y carecen de contadores. Han alterado «de forma maliciosa» la instalación eléctrica para conectarse a la red de transporte de la luz y por eso han sido denunciados sus dueños por un delito de fraude eléctrico, ya que han causado un perjuicio económico a la compañía superior a los 400 euros.

Naturgy había solicitado a estos infractores durante años para que regularan la situación con la compañía sin hacer caso a los requerimientos de la eléctrica, que acabó denunciando en comisaría a los defraudadores tras fracasar la vía administrativa. Fuentes policiales señalaron que los afectados estaban avisados desde hace tiempo de la infracción que cometían y que recibieron varias cartas de la empresa suministradora de luz.

Un policía nacional junto a los técnicos de Naturgy.
Un nacional junto a los técnicos de Naturgy.E. M.

Una vez recabada toda la documentación se acordó realizar una operación conjunta con Nacional en el día de ayer para desmantelar el cableado ilegal.

Los agentes empezaron a llamar a los domicilios con conexiones clandestinas para informarles de que se iba a efectuar el corte de energía. En muchas de la casas no contestó nadie; en otros, los inquilinos, muchos de ellos extranjeros, no abrieron pese a estar en el interior de su vivienda.

Los técnicos fueron desmontando los enganches clandestinos y precintaron la mayoría de las instalaciones. De esta forma, si se vuelven a manipular y siguen con el fraude, se podrían enfrentar a una sanción mayor y a penas de hasta 24 meses.

«La situación de fraude en algunas de estas fincas se produce al estar conectadas a la red de distribución sin un contrato de suministro cuando se dan las condiciones técnicas y legales para que puedan formalizar el mismo con cualquier comercializadora», aclaró fuentes de UFD, la empresa eléctrica que abastece de energía a todos los sectores de la Cañada Real, tanto a las viviendas legalizadas como a las zonas que aún siguen sin una regularización urbanística.

«Esta acción está enmarcada dentro del plan periódico de actuaciones contra el fraude que desarrollamos en todo el territorio donde UFD está presente», añadieron.

La compañía eléctrica insiste en que «han realizado sin éxito acciones programadas de regularización del suministro de electricidad en 80 instalaciones en las calles Vicálvaro, Santiago, Cañada Real y Granja del municipio de Coslada que corresponden todas a situaciones de fraude acreditado en fincas de naturaleza urbana (en la misma situación que cualquier edificio de una zona legalmente urbanizada de Madrid)». «Al ser una zona legalmente urbanizada, los afectados pueden proceder de inmediato a establecer un contrato de suministro con una comercializadora, momento en el cual se procederá a su conexión inmediata a la red en condiciones de seguridad y fiabilidad para el resto de usuarios de la red», según fuentes de la compañía.

Muy pocos de los afectados quisieron ayer hablar tras la intervención de la distribuidora eléctrica. «No hemos estado robando la luz, eso es falso», explicaba un hombre que asegura que vive en la zona desde hace cuatro años. «No nos han dado tiempo para arreglar esto y ahora nos dejan a oscuras», señaló otro inquilino, muy enfadado. «Les da igual, esta tarde mismo van a romper el precinto y van a volver a engancharse a la luz», explicaba ayer al mediodía otra persona.

Agentes de la Policía Nacional delante de una de las casas donde trabajaban los técnicos de UFD.
Agentes de la Nacional delante de una de las casas donde trabajaban los técnicos de UFD.

El sector 1 de la Cañada Real discurre por Coslada y consta de viviendas de ladrillo, de una o dos plantas de altura máxima, ubicadas en calles estrechas. El Ayuntamiento de Coslada inició los trámites para acondicionar y legalizar esta zona, ya que se consideró que estaba consolidada su pertenencia al municipio. Todas estas actuaciones están encuadradas dentro del Pacto Regional por la Cañada Real firmado entre la Delegación de Gobierno, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Coslada, Rivas y Madrid.

La Cañada Real está dividida en seis sectores que discurren por los tres municipios, de los cuales el quinto y sexto sufren cortes de luz desde hace casi un año por sobrecargas de tensión causadas por culpa de los cultivos ilegales de marihuana, según fuentes de la compañía eléctrica. Sin embargo, los afectados acusan a la empresa de haber reducido la potencia eléctrica, razón por la que afirman que se están produciendo dichos cortes y no por la existencia de plantaciones de marihuana. Naturgy defiende que nunca ha cortado el suministro ni limitado la potencia. De 1.800 viviendas solo «cuatro clientes están debidamente dados de alta», según Naturgy que señala que la red eléctrica de la Cañada Real está constituida «casi exclusivamente» por «instalaciones ilegales, en un estado muy precario» que «suponen un riesgo grave para la integridad física de las personas y que pueden provocar incidentes graves» en la zona.

En la Comunidad de Madrid aseguran que son «sensibles» con la situación, pero insisten en que tiene que ser la Delegación del Gobierno la que desmantele la producción de «droga». Mercedes González, delegada del Gobierno, ha reiterado que el problema en La Cañada no es policial, sino también social, algo en lo que dicen que están trabajando y que hay «reuniones políticas previstas a corto plazo».

En un encuentro reciente con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la delegada del Gobierno propuso realojar a todas las familias de la Cañada Real Galiana en un plazo de tres años, a través de un presupuesto de 200 millones de euros entre todas las administraciones.

Además, la semana pasada, el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, anunció durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que van a destinar cinco millones de euros a paliar la situación en la Cañada Real, con lo que demuestran, según dijo, «la voluntad política» del Gobierno para dar una solución a esta situación.

Precisamente, el pasado 28 de septiembre se constituyó un grupo de trabajo interministerial impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para dar soluciones integrales a la población de la Cañada Real. El equipo, compuesto por los ministerios de Derechos Sociales, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, está coordinado por la Delegación del Gobierno en Madrid.

La consejera de Medio Ambiente, y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, celebró y acogió «de buen grado» que el Gobierno de España se implique en los realojos de habitantes de la Cañada Real Galiana. Según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid, próximamente se convocará el Comité Ejecutivo, que es el órgano de la toma de decisiones y, una vez que se celebre, se convocará la comisión de seguimiento del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana.

En todo caso, las mismas fuentes han precisado que, desde el Comisionado regional de la Cañada Real se están manteniendo reuniones con los grupos parlamentarios y se está trabajando de manera coordinada con ayuntamientos y delegación.

Vecinos de la Cañada concentrados en la sede de Naturgy.
Vecinos de la Cañada concentrados en la sede de Naturgy.JAVIER BARBANCHO

El pasado 27 de octubre, los vecinos del sector VI presentaron una solicitud de contratos a UFD, la empresa distribuidora de electricidad del grupo Naturgy. En su respuesta,, la compañía precisa que UFD está «en disposición de atender todas las peticiones de conexión a su red de distribución que vayan acompañadas de la documentación que exige la legislación». En este sentido, la compañía asegura que está «plenamente implicada en colaborar en la resolución del problema, siempre dentro de sus limitadas competencias y del estricto cumplimiento de la legalidad vigente».

Por su parte, los vecinos del sector V de la Cañada Real consiguieron organizarse para tener luz, controlando mucho el consumo, aunque temen que ahora cuando todos conecten las estufas y radiadores ante la ola de frío, superen la potencia máxima y se queden otra vez sin electricidad. «Seguimos luchando por unos contadores y unas instalaciones adecuadas, unas infraestructuras legales y pagar la luz como todos los vecinos, porque es un derecho», señaló la portavoz de la asociación Al Shorok-Amanecer, Cristina Poza.

Algunos vecinos han podido instalar placas solares gracias a la empresa Light Humanity, que ha financiado la instalación, y tienen luz las 24 horas del día. Esta empresa ofrece a los vecinos herramientas y apoyo técnico para la instalación de paneles solares, y financiación mediante donaciones y préstamos de los ciudadanos a quienes no puedan asumir los costes.

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