La Audiencia desestima el recurso del fiscal y rechaza imputar a Esperanza Aguirre por la reducción de camas en un hospital público

Actualizado Martes,
1
febrero
2022

13:01

Se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para desestimar el recurso de Anticorrupción.

Esperanza Aguirre, en el acto de investidura de Díaz Ayuso, el pasado año.
Esperanza Aguirre, en el acto de investidura de Díaz Ayuso, el pasado año.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, ha rechazado imputar por prevaricación y malversación de caudales públicos a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el ex consejero de madrileño Juan José Güemes en el procedimiento donde se investiga la drástica reducción de camas en el Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda).

De esta forma, la Audiencia desestima el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción al considerar que no existen indicios que lleven a acordar la declaración en calidad de investigada de Aguirre.

En el auto, el tribunal responde al fiscal Jorge Andújar que «la instrucción solo ha de comprender las diligencias estrictamente necesarias» para la comprobación y determinación de la naturaleza y circunstancias del hecho investigado. La Sala añade que «no todas las diligencias que soliciten las partes han de practicarse» en respuesta a Anticorrupción.

Asimismo, los magistrados explican que comparten el criterio establecido por la juez de instrucción dando expresamente por reproducidos el fundamento jurídico donde Aguirre rechazó imputar a Esperanza Aguirre atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal ha establecido que no se puede «promover la exigencia de responsabilidades penales dando la espalda a otro de los principios sin cuya vigencia el derecho penal se convierte en un peligroso instrumento totalitario. Hablamos del principio de culpabilidad por el hecho propio. Cualquier juicio de autoría exige que la persona a la que se atribuye responsabilidad haya ejecutado por sí la acción típica o, en los supuestos de coautoría, tenga el dominio funcional del hecho». Contra esta decisión no cabe interponer recurso alguno.

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