El pasado 29 de octubre un asesino reincidente fue detenido por la por acabar con la vida de Alejandro, un niño de 9 años que jugaba con sus amigos en un parque de la localidad riojana de Lardero. El detenido era Francisco Javier Almeida, a quien Instituciones Penitenciarias había otorgado el Tercer Grado meses antes del crimen y cuya libertad debía controlar hasta que acabara de cumplir condena dentro de tres años. Lamentablemente, el error lo pagó un niño al que Almeida mató. Ese mismo día, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid comunicó su decisión de premiar a Instituciones Penitenciarias con un galardón para reconocer su preocupación para que los presos españoles estén legalmente aconsejados. Lo peor es que Interior dio verde a recibir el premio pese a lo impropio del momento y el pasado 12 de noviembre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encaramaba a un atril para recogerlo. Habían pasado dos semanas desde el asesinato de Álex.

El decano del ICAM, José María Alonso, justificó la concesión del galardón ‘Defensa de la Abogacía 2021’ a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “por su valentía, arrojo y el apoyo incondicional y colaboración constante a la abogacía madrileña para que el derecho de defensa cristalice en todas sus esferas y planos”. La decisión del decano de premiar a una de las instituciones que peor imagen está trasladando a la sociedad, más por su gestión que por su estructura, provocó malestar e incomprensión entre la comunidad de abogados colegiados de Madrid, pero es que lo peor estaba aún por llegar.

Instituciones Penitenciarias viene protagonizando diversos episodios que tienen más sombras que luces. Las constantes agresiones a funcionarios de prisiones por las que casi siempre son las actuaciones de los trabajadores las que se miran con lupa, la inseguridad de determinados centros, episodios tan oscuros como la suspensión de trabajadores por las presuntas amenazas a una subdirectora que acabó detenida por inventárselas o el encarcelamiento de funcionarios acusados sin pruebas por presos que los señalaban como miembros de una red de narcotráfico carcelario, son sólo algunos de los ejemplos recientes de la gestión penitenciaria española, así que Instituciones Penitenciarias no está en su mejor momento para aceptar premios, pero es que para el que le concedió el ICAM a principios de mes era el peor momento de todos y con diferencia.

Crimen y premio el mismo día

El ICAM comunicó el premio el mismo día del crimen del pequeño Álex a manos de Francisco Javier Almeida. Este delincuente sexual había sido condenado en dos veces anteriores. Una por cazar y abusar de una vecina de 13 años y otra por asesinar brutalmente a la empleada de una inmobiliaria en Logroño. Los detalles de ambos casos sólo llevan a una conclusión posible, y es que Almeida en la calle sólo sabe hacer daño a otros seres humanos. Eso lamentablemente lo comprobó  Álex y su familia cuando se topó cara a cara con un monstruo cuya presencia en el pueblo de Lardero ya inquietaba a padres y madres de la localidad riojana. El problema es cómo llegó hasta allí este hombre.

El anuncio completo del galardón dice: “Con la entrega de este galardón, la Abogacía madrileña quiere distinguir el apoyo de esta institución en la garantía del derecho de defensa de las personas privadas de libertad, haciendo posible la comunicación entre abogados y clientes internos en centros penitenciarios mediante el sistema de videoconferencia, facilitando su contacto sin riesgo de contagio durante las peores oleadas de la pandemia”. Uno de los abogados que pudo despachar en con su cliente fue el de Almeida para poder gestionar así la petición de libertad del asesino que se acabó instalando en Lardero.

El 12 de noviembre se celebró el acto de la entrega del premio del ICAM y fue en persona el ministro Marlaska el que decidió escoltar a su hombre en prisiones, Ángel Luis Ortiz, ferviente defensor de los cumplimientos de condenas en régimen abierto y responsable directo junto con su ministro de aplicar esa política a asesinos como Almeida. La Junta de Tratamiento de la donde Almeida cumplía condena por su último crimen se negaba a otorgarle el Tercer Grado, así que el preso recurrió a Madrid, y fue allí, en los dominios de Ortiz, donde se abrieron las puertas de las celdas del asesino de Álex en Lardero.

Y de eso, el 12 de noviembre, ni Marlaska ni Ortiz dijeron una palabra mientras recogían orgullosos el premio del ICAM ante el decano y las autoridades presentes. Marlaska invocó una vez más el artículo 25 de la Constitución Española, así que conviene recordarlo, ya que habitualmente es citado de manera imprecisa: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

La ley no exige reinsertar en la sociedad a todos los presos que cumplen condena y mucho menos lo hace con los delincuentes reincidentes cuyos delitos nacen de la necesidad depredatoria de abusar de los más débiles que ellos. Francisco Javier Almeida demostró dos veces que no podía vivir en sociedad, pero eso no fue suficiente para Instituciones Penitenciarias. Por cierto. Ni el decano del ICAM, ni Marlaska ni Ortiz dijeron absolutamente nada de lo que había sucedido en Lardero el mismo día que decidieron premiar a las personas que propiciaron la libertad del asesino de Álex.

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