Palma reclama un millón de euros a los barrenderos que envió a casa durante el estado de alarma

La empresa de limpieza del Ayuntamiento de reclama a 393 operarios que devuelvan casi un millón de euros equivalentes a más de 4.100 jornadas de trabajo por el salario cobrado en los permisos retribuidos de los que gozaron tras la declaración del estado de alarma en marzo de 2020.

El volumen de la deuda global, que ya les ha sido notificada a cada uno de estos empleados de la compañía municipal Emaya, asciende a 950.000 euros. Unilateralmente la dirección de la compañía presidida por el concejal socialista Ramón Perpinyà decidió suspender temporalmente a estos trabajadores de la prestación de servicios, para la posterior recuperación de estas jornadas en horas extra tras su jornada laboral o en días de libranza y vacaciones.

La medida de reducir parcial y temporalmente la plantilla afectó al  servicio de recogida, limpieza viaria y servicios conexos. Esta era una posibilidad que contemplaba la declaración del estado de alarma pero para servicios y empresas no esenciales.

Además, se da la circunstancia de que en este caso el propio alcalde de Palma, el socialista José Hila, decretó la limpieza viaria de las calles de la capital balear como un servicio esencial.

En el decreto municipal de 30 de marzo de 2020 se especifica, precisamente, que el permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto «no resulta de aplicación a los trabajadores de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de éstos de forma no presencial».

Sin embargo, la dirección de la compañía municipal decidió mandar a casa cobrando a casi dos terceras partes de la plantilla en contra del criterio del propio Ayuntamiento. En la mayor parte de esas semanas, sólo funcionó con regularidad y sin apenas cambios el servicio de recogida durante el turno de noche.

Los sindicatos ya han interpuesto un recurso judicial contra esta decisión de la dirección de Emaya adoptada, según alegan, al margen del comité de empresa y de su proceso negociador vulnerando, manifiestan las centrales, el derecho fundamental a la libertad sindical.

Los sindicatos reclaman que la recuperación de jornadas debe considerarse nula de pleno derecho por vulneración de esa norma constitucional. El recurso judicial a esta medida de la dirección de la compañía fue presentado por el sindicato USTE y posteriormente USO decidió sumarse a la denuncia.

En la misma, exigen a los tribunales la nulidad de los permisos retribuidos recuperables impuestos a la plantilla asignada a servicios esenciales, así como al personal sin baja médica sensible frente al covid, sin que proceda en ambos casos recuperación de jornada laboral alguna.

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