El PP exigirá que el fiscal general y el presidente del Supremo no hayan tenido contacto con la política

El PP ha puesto condiciones al para abordar la negociación para la renovación del Poder Judicial: la primera, que esa negociación tiene que ir acompañada de un proyecto de del Gobierno reformando el sistema de elección de los vocales del Consejo General para que sean elegidos por los jueces, tal y como determina la Constitución; y la segunda petición del PP, el compromiso de que el fiscal general y el del Supremo no hayan tenido contacto alguno con la política.

Se trata de una nueva exigencia de independencia de cara a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El quiere extender el pacto del Tribunal Constitucional al Consejo General Poder Judicial (CGPJ), pero el PP no está dispuesto a hacerlo sin que haya un avance legislativo serio en la dirección de abandonar el manoseo judicial por parte de los partidos políticos.

Por eso, dos puntos tienen que ser incorporados, según los populares, al pacto. El primero no afecta en puridad al Poder Judicial, pero entra en la negociación: el compromiso de que el fiscal general no puede volver a tener nada que ver con el mundo de la política. La exigencia sale al paso de la actual fiscal general, Dolores Delgado, quien ha tenido un papel activo como ministra socialista y hasta en campañas del PSOE.

El segundo punto es el mismo, pero aplicado al cargo de del Tribunal Supremo: tampoco podrá haber tenido relación alguna con el mundo político activo. Todo ello se suma a las condiciones clásicas del PP, ya reclamadas, basadas en que el modelo de designación de los vocales del Poder Judicial tiene que respetar el modelo plasmado en la Constitución española de nombramiento de los jueces por los jueces, separándose del actual esquema introducido por el PSOE en 1985 con el que la mayoría de los vocales son propuestos por los partidos.

Varapalo de al Gobierno

La petición del PP se alinea, de este modo, con el último y reciente varapalo de al Gobierno de Sánchez por su pretensión de mantener la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Consejo de Europa, a través de Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), criticó en septiembre la “falta de un avance positivo” en la reforma de la Justicia en la dirección, precisamente, de conseguir que el órgano de gobierno de los jueces pueda ser elegido por los propios jueces, como propone el PP y rechaza el Gobierno.

El informe del GRECO analizaba los avances que se han producido en sobre las medidas anticorrupción relativas a parlamentarios, jueces y fiscales, así como el grado de cumplimiento de las recomendaciones que el organismo había propuesto en 2013. Hay que recordar que el grupo del Consejo de había emplazado ya a España a subsanar los efectos perniciosos que sobre la independencia judicial genera el sistema de elección de los jueces, consideraba que las reformas para su despolitización debían aplicarse “sin demora” y que era “sumamente importante que se consulte al Poder Judicial y que tenga voz en las decisiones clave relativas a su funcionamiento y prioridades”.

Y ahora, el GRECO ha vuelto a suspender a España, puesto que no se ha producido ningún avance. Y esto, afirma el informe, “es motivo de preocupación, ya que el CGPJ es responsable de algunas decisiones cruciales en el Poder Judicial, incluida la designación de jueces en puestos superiores y las cuestiones disciplinarias”.

Según el GRECO, la información facilitada por las autoridades españolas “no aporta nada nuevo a lo que ya se había analizado en el informe de evaluación de la cuarta ronda de 2013”. Hoy, señalan, “la situación es exactamente la misma, y las preocupaciones expresadas a la de ello continúan igual, si no más, que antes”.

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