Ultimátum al Gobierno: ERC, Bildu, BNG y CUP exigen cambiar la reforma laboral o la tumbarán en el Congreso

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en octubre en el Congreso.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en octubre en el Congreso.Emilio NaranjoEFE

Los socios del Gobierno ERC, EH Bildu y BNG-, además de la CUP han lanzado un ultimátum al Ejecutivo: o hay compromiso para negociar y modificar drásticamente la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios hasta el punto de cumplir con el objetivo de no dejar ni rastro de la norma aprobada por el PP, o la tumbarán la próxima semana en el Congreso. Sólo dejan un resquicio abierto: que el Ejecutivo acepte ya tramitar el decreto como proyecto de para proceder a su revisión completa en el trámite parlamentario, algo que el Ejecutivo ha descartado.

Los cuatro grupos, que suman un total de 21 votos en la Cámara, y a los que de momento no se ha sumado el PNV, exigen una «transformación completa» del mercado de trabajo y que el Gobierno «cumpla con la palabra dada a los trabajadores». Y apuntan: «Si el está dispuesto a ello contará con una gran mayoría en el Congreso. Depende de su voluntad».

Las fuerzas firmantes reclaman la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales; recuperar la autorización administrativa previa para los ERTE; medidas para atajar la precariedad y limitar estrictamente los descuelgues salariales; recuperar las indemnizaciones por despido de 45 días por año trabajado; limitar la posibilidad de que la empresa movilice geográficamente a los empleados y además que se establezcan medidas amplias para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

Las posibilidades de que prospere la convalidación del decreto que recoge la reforma laboral en sus términos actuales, es decir, los pactados entre Gobierno, patronal y sindicatos, están más en la cuerda floja que nunca a sólo una semana de que el Congreso tenga que pronunciarse en una votación en la que sólo hacen falta más síes que noes para sacarlo adelante pero en la que, hoy por hoy, el Ejecutivo no tiene el éxito asegurado.

En contra de la aspiración del Gobierno, y muy especialmente de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, juegan las líneas rojas que han establecido los distintos actores en liza.

Los socios habituales del rechazan una reforma que no cumple con las expectativas prometidas de derogación de la normativa aprobada por el PP; los empresarios amenazan con descolgarse del pacto si se introduce en el mismo la más mínima modificación y lo mismo argumenta Ciudadanos, la única fuerza del bloque de oposición dispuesta a apoyar el texto si no sufre variaciones.

A este fuego cruzado se suma la propia Díaz que, hasta la fecha, ha rechazado el respaldo insuficiente, pero respaldo al fin y al cabo, de la formación de Inés Arrimadas e incluso la del independentismo moderado del PDeCat.

De poco ha servido el esfuerzo de la vicepresidenta segunda por hacer continua apoyándose en los sindicatos para intentar atraer a ERC, Bildu, BNG o la CUP hacia su posición. Y de poco ha ayudado en este empeño el plante del socio mayoritario del Gobierno, el PSOE, insistiendo en que no se variará ni una coma del texto actual, ni se negociarán contraprestaciones, ni se aceptará la tramitación del decreto como proyecto de a fin de abrir una puerta a la introducción de enmiendas y cambios en el Congreso.

Los socios del y Díaz sí coinciden en un punto: aceptar el apoyo de supondría la ruptura del bloque que hasta la fecha a sostenido parlamentariamente al Ejecutivo. Y ello tendría importantes consecuencias para la estabilidad de la legislatura, además de hacer jirones la bandera con la que la vicepresidenta segunda y líder de la facción morada del Gobierno pretende envolverse para lanzar su plataforma política.

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