Los profesores que conforman la asociación de Plis. Educación han exigido que el proyecto de Ley de Educación de Baleares incluya la obligación de impartir en castellano un 25% de la enseñanza. La petición se apoya en el aval del Supremo a la sentencia del Tribunal Superior de Justica (TSJ) de que tumba la inmersión lingüística. Así, la plataforma ha defendido que la jurisprudencia es clara y que «debe abrirse una etapa más acorde con la realidad bilingüe balear».

Plis. Educación ha lamentado que «se prohíba el español como lengua vehicular en la enseñanza pública de Baleares desde hace décadas». Consideran que si el Supremo respalda que la inmersión es ilegal en , «entonces también lo es en Baleares». Por ello, ha animado al conseller de Educación, Martí March, a «ser valiente y proponer o apoyar una enmienda a favor del 25% mínimo». La asociación ha asegurado que de lo contrario la futura ley educativa, que se llamará ley March, «recibirá una condena de los tribunales y tendrá una vida corta».

«Tal vez los fanáticos socios del Govern, Més y Podemos, le retiren el apoyo en la tramitación. No debe tener miedo. A cambio recibirá el apoyo del 73% del Parlament. Esto sí que sería una política de consenso», ha dicho Plis dirigiéndose a March. Y es que PP, y Ciudadanos (Cs) están en contra de la inmersión lingüística y al menos dos de las formaciones podrían apoyar la solución que propone la plataforma. Precisamente, los tres partidos han presentado enmiendas a este respecto.

La asociación ha insistido en que la inmersión total y obligatoria es una medida ajena a los principios pedagógicos y didácticos, «los únicos que deberían regir la enseñanza». En este sentido, ha advertido de que «la única forma de que la escuela se convierta en una triste academia» es utilizar de forma equilibrada los dos idiomas maternos de la mayor parte de la población. Plis ha criticado que el «sesgo nacionalista y catalanista» haya arraigado en la educación. Así, ha incidido en que «las lenguas deben ser un vehículo de aprendizaje que sirva para adquirir el registro formal y culto de las mismas».

«Pocas sentencias son tan contundentes con el ejercicio cínico de la política por parte de ciertos políticos. La sentencia del TSJ de reprocha a la Generalitat su inactividad normativa para llegar a una situación contraria a la Constitución. Es una decisión que por analogía puede extrapolarse al Govern balear», ha concluido la asociación.

Educación con criterios catalanistas

La Ley de Educación de Baleares, cuya tramitación parlamentaria todavía está en marcha, es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional y a diversas sentencias del TSJ de Cataluña. Excepto que haya cambios, deja al español como residual y fomenta la inmersión lingüística en la enseñanza de Baleares. La norma posibilita que el 100% de las materias se impartan en catalán. Se trata de una ley que cuenta con todo el apoyo del PSOE, Podemos, los ecosoberanistas de Més y los regionalista del PI. Y aunque PP, y Cs están en contra de esta ley, no han sido capaces de ponerse de acuerdo en cómo enfrentarse a ella.

Cabe recordar que el partido dirigido por Jorge Campos presentó una enmienda a la totalidad por la inmersión lingüística de la norma. Sin embargo, dicha enmienda fue rechazada por los partidos de izquierdas y el PI, mientras que PP y Cs se abstuvieron. La argumentación de los populares y de Ciudadanos fue que tenían intención de presentar enmiendas parciales que harían menos lesiva la norma. Decisión que calificó de errónea y advirtió de que el texto impone por ley «lo que es un hecho desde hace 30 años». Por ello, anunció que acudirían al Constitucional para evitar la aplicación de la Ley.

A pesar de todo, el Govern elevó al Parlament la Ley de Educación sin hacer ninguna modificación. Si bien es cierto que el PSOE ha tratado de darle más presencia al castellano para evitar conflictos con la justicia, Més se niega en rotundo. Aún así, March ha manifestado en diversas ocasiones que debería llegarse a un consenso de mínimos.

PP y Ciudadanos

Los portavoces de PP y Cs en el Parlament balear, Antoni Costa y Patricia Guasp, han considerado este miércoles que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un mínimo de un 25% de horas lectivas en castellano evidencia que la norma educativa de Baleares actualmente en trámite es contraria a la ley.

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces que recoge la agencia Press, Costa (PP) ha sostenido que el proyecto de ley educativa es contrario a la doctrina judicial tal y como está redactado en la actualidad y ha insistido en que la futura norma no puede ser, ya en su nacimiento, contraria a una sentencia del Tribunal Supremo.

Por su parte, Guasp (Cs) ha considerado que el Supremo «ha constatado que la inmersión lingüística en catalán no puede seguir siendo el modelo lingüístico para los catalanes», algo extensivo a los baleares. La diputada de Cs ha pedido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que rechace el «órdago» que a su juicio le ha lanzado el presidente catalán, Pere Aragonés, para que no acate la sentencia.

En esta línea, tanto PP como Cs han pedido al resto de grupos que acepten sus enmiendas sobre el modelo lingüístico para así cumplir con la doctrina del Supremo.

Més: «Injerencia de la derecha judicial»

El portavoz adjunto de Més per en el Parlament balear, Josep Ferrà, ha calificado este miércoles como una «injerencia de la derecha judicial» la sentencia del Tribunal Supremo.

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, el diputado ecosoberanista ha defendido que la resolución «va mucho más allá del ámbito lingüístico» y «no tiene nada que ver con la enseñanza de una lengua, el aprendizaje ni el cumplimiento de una ley». «Se trata de un nuevo ataque de la derecha y extrema derecha disfrazado de jueces que no quieren reconocer la plurinacionalidad ni el plurilingüismo», ha dicho.

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