La inminente sexta ola de la del coronavirus ha hecho que las comunidades autónomas estén empezando a ‘echar mano’ del como medida de presión para incrementar las tasas de vacunación, y de esta forma, ‘castigar’ a ese porcentaje de la población (un 10%) que no quiere vacunarse a través de controlar el acceso de los no vacunados en el acceso a la hostelería y ocio nocturno donde hay más riesgo de contagio.

Mientras los tribunales deciden si más autonomías se suman a Baleares, Galicia y Cataluña en su estrategia de exigir este documento para acceder a determinados servicios, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló que «por ahora» no es necesario tomar nuevas medidas contra el coronavirus.

Preguntada este lunes por las nuevas restricciones que están adoptando otras comunidades, la mandataria madrileña sostuvo que, aunque el virus es «traidor» y nunca se puede bajar la guardia a pesar de que la semana pasada «se alcanzó el 90% de la población diana vacunada«, en la región «los datos no están subiendo de forma preocupante«.

En cuanto a la puesta en marcha del pasaporte Covid, recalcó que es «complicado» ponerlo en marcha por varias cuestiones. La líder regional considera que con el 10% que falta por vacunar no lo va a hacer únicamente porque necesiten dicho pasaporte, entre otras cosas, porque no está claro cómo funciona. «Es un documento que puede tener cualquiera, que se puede fotocopiar, que puedes compartir«, indicó.

Gráfico: cenas de empresa.

Además, rechazó «convertir a los camareros o propietarios de locales y de cines en una suerte de autoridad judicial o sanitaria«. Para Ayuso, la política prioritaria de Madrid será «volver a los cribados masivos con los test, hay que hacer muchos para saber quién puede estar contagiado y pueda transmitirlo».

Al respecto, la presidenta madrileña manifestó que van a pedir a la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) y a la Cámara de Comercio de la región, su colaboración para la realización de test de antígenos a los trabajadores antes de las cenas, comidas u otras celebraciones con motivo de la Navidad.

De la misma forma se manifestó el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, «medimos la en el nivel asistencial y de momento no contemplamos medidas» a pesar de que «sabemos que va a subir la incidencia acumulada», especialmente entre los más pequeños, debido «a la no vacunación y al modelo de convivencia que tienen.

Desde la Puerta del Sol argumentan a 20minutos que una medida de estas características debería adoptarse de manera conjunta en toda España para contrarrestar el «vacío legal» que, según ellos, ha mantenido de manera intencionada el Gobierno de desde el inicio de la Covid-19. De esta manera, añaden, se evitaría que los jueces tuvieran que tomar decisiones sobre temas sanitarios implantados individualmente por las autonomías.

«Lo que tiene que hacer el Ministerio de Sanidad es coordinar, se deberían marcar unas pautas en cuanto al que sean homogéneas en todas las comunidades«, señaló Ruiz Escudero.

Otras comunidades

La incidencia de la Covid sigue creciendo tras los datos reportados por las regiones este domingo, especialmente en Cataluña, donde hay un riesgo de rebrote 12 puntos superior al del pasado sábado y las autoridades piden que se cumplan las medidas de protección a un mes de las navidades.

El Gobierno central no legislará para que el Certificado Covid de la UE, el denominado 'pasaporte Covid', pueda utilizarse en España para determinar quién entra y quién no en determinados locales de ocio en función particularmente de que esté o no vacunado. Varias comunidades han pedido una regulación común que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rechazado este miércoles tras el Consejo Interterritorial de Sanidad. Aunque España podría ampliar sus términos, Darias se ha ceñido al reglamento europeo del 'pasaporte Covid' pero sí ha dado vía libre para que cada comunidad decida si para acceder a determinados lugares públicos exige pruebas de vacunación o de no tener la Covid que, sin embargo, no podrán ser el 'pasaporte Covid'.
Precisamente, la próxima semana los tribunales decidirán si más autonomías se suman a Baleares, Galicia y Cataluña en su estrategia de exigir el denominado para acceder a determinados servicios.

El País Vasco, Aragón y han decidido no esperar más. Las dos primeras están ya a expensas de que sus tribunales de Justicia avalen la nueva norma, mientras ha anunciado que solicitará el permiso esta misma semana.

Mientras, Castilla y León parece haber dado un paso atrás y ahora solo se lo planteará si el aumento de contagios provoca saturación hospitalaria, mientras la idea de Murcia es poder centrarlo en lugares de ocio donde acudan los grupos de edad menos vacunados -entre 20 y 39 años-, aunque pide que sea con una ley estatal que cada vez exigen más comunidades y que descarta el Ministerio de Sanidad. En el caso de Valencia, la subida de la incidencia ha hecho que su presidente, Ximo Puig, haya informado de que «en los próximos días» el Ejecutivo autonómico establecerá la normativa que regulará la necesidad de mostrar el para acreditar la vacunación y poder acceder a determinados espacios.

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