Mis padres están jubilados, mis tías también e incluso alguna de mis cuñadas, de manera que cada vez que escribo sobre las pensiones se enojan y tengo un disgusto que por fortuna no dura. Pero la vida del periodista a veces es ardua y tiene estos inconvenientes. Las personas retiradas de la actividad creen que la pensión que reciben es el producto de lo que han cotizado a lo largo de su vida laboral, pero esto no es cierto en el sistema de reparto que es el que rige en nuestro país y del que me hago cargo que mis padres no tienen obligación ni interés por conocer. En España, la pensión, más que un derecho, es una suerte de gracia proporcionada por el Estado de Bienestar que nos asiste. Los jubilados no cobran en relación con lo que han cotizado, sino normalmente, sobre todo en los momentos presentes de aumento imparable de la esperanza de vida, muchísimo más. Cobran, según las normas, gracias a las aportaciones de los trabajadores en activo.

El problema es que este sistema conduce inevitablemente a la quiebra porque cada vez hay miles de pensionistas que viven más años mientras el número de ocupados es menguante, con tasas de desempleo crónicas que están entre las más elevadas de Europa, y sobre todo en lo que concierne a los jóvenes, que engrosan una cota de paro superior al 30%, formando cohortes que son cada vez más incapaces de sostener la viabilidad financiera del modelo.

En el acuerdo que ha firmado España con Bruselas para recibir los fondos europeos contra la pandemia, la Comisión exige a Madrid que aumente el número de años para calcular la pensión -eso que se llama ‘contributividad’- hasta los 35 años, que es lo corriente en la UE. Aquí no solo estamos diez años por debajo de ese nivel, sino que la cuantía de las jubilaciones es bastante más generosa que en el resto de la Unión. Estoy persuadido de que ni mis familiares y amigos, ni el conjunto de la opinión pública reconoce estos hechos, pero es lo que indica, muy a su pesar, la evidencia empírica. Los datos.

Me parece que todo el mundo estará de acuerdo en que fortalecer y asegurar la viabilidad futura del sistema de pensiones es un asunto crucial, y que hace décadas que el nuestro está en la cuerda floja. En la época de Rajoy, el Partido Popular abordó varias reformas para contener la fragilidad creciente del modelo. Introdujo el llamado factor de sostenibilidad para condicionar el volumen de las prestaciones al estado de las cuentas de la Seguridad Social, elevó los años de cotización y fomentó el alargamiento progresivo de la edad de retiro. Fueron intentos en la buena dirección, aunque tímidos, que, sin embargo, recibieron una gran oposición en la calle, como suele ser normal siempre que gobierna la derecha, en especial en el País Vasco, en un gesto de obscenidad sin precedentes, pues allí es donde las pensiones son más elevadas debido a los sucesivos procesos de reconversión industrial y de jubilaciones anticipadas de lujo. Pero así se escribe la historia.

Veremos qué sucede cuando el Gobierno, ya en este caso de Pedro Sánchez, se decida a cumplir sus compromisos con Bruselas. De momento, las demostraciones del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria -tan poético él, que protesta primero para tomar unos txiquitos después, según la tradición legendaria de la tierra- se han reanudado pidiendo la dimisión del ministro Escrivá y el mantenimiento de sus privilegios.

En pura lógica, si se aumenta el número de años para calcular una pensión, lo normal es que la cuantía final de la misma se reduzca, hasta en algo más de 100 euros, según algunos cálculos. Pero la alternativa, es decir, no hacer nada, abocaría al hundimiento seguro del esquema de protección y a que nadie recibiera su ingreso mensual.

El PP pudo haber sido más ambicioso, pero hizo las cosas rotundamente bien. Por desgracia, el afán derogatorio del Gobierno de Sánchez, que preside en general a los socialistas, decidió cancelar aquella reforma, abrazar la tentación suicida de revalorizar las jubilaciones en medio de la mayor crisis de la historia, y ahora se verá obligado a emprender de nuevo el camino urgido por los hombres de negro de Bruselas.

El coste de la política de la derogación será enorme. A mis amigos jubilados no parece inquietarles porque aspiran a seguir cobrando lo más posible, y por más que digan, el futuro de sus nietos, en el trance de su eventual retiro -que no van a contemplar-, les importa racionalmente lo justo. Pero la actualización de las pensiones de acuerdo con la inflación puede suponer, ahora mismo, más de 5.000 millones de gasto extra, una decisión letal cuya factura podría multiplicarse a largo plazo por diez, hasta los 50.000 millones, en opinión del gobernador del de España, Hernández de Cos, que es un señor neutral.

Escrivá tiene razón en que la situación del mercado laboral, como consecuencia de las crisis económicas recientes, ha acabado con la experiencia histórica de que los últimos años de cotización son los mejores de la vida laboral. En los tiempos recientes mucha gente ha incurrido en el desempleo, otros no han tenido más remedio que hacerse autónomos, y el es que, si se pudiera elegir los mejores años de cotización, o el número de ejercicios se amplía hasta los 35 años, el efecto podría ser incluso positivo para buen número de contribuyentes.

De manera que la reforma incipiente que está encima de la mesa tiene alguna dosis de racionalidad que no cabe menospreciar y que puede ayudar a robustecer el modelo.

Pero teniendo en cuenta el caos en el que está inmerso el Gobierno, la división interna sobre todos los asuntos económicos capitales, la oposición de y la intromisión siempre abyecta de los sindicatos -más las decisiones vengativas que adoptó Sánchez sobre las pensiones sólo para invalidar el camino sensato que había trazado el PP de Rajoy-, la ampliación del periodo de cómputo es sólo un mero apaño en la buena dirección.

El plan de reforma del sistema de jubilación debería ser integral. Debería evitar compensar anualmente a los pensionistas por pérdidas de poder adquisitivo que realmente padecen poco, pues tienen un coste de vida inferior y, lo que es más importante, tendría que centrarse en las políticas activas. Para sufragar decentemente las pensiones del futuro habría que aumentar el índice de natalidad -algo ajeno o contrario a los intereses de este Gobierno en pro del aborto y del feminismo infecundo-; sería imprescindible la incorporación de los jóvenes al mercado laboral -algo imposible con subidas del salario mínimo-; sería muy obligada la conservación del nivel de empleo actual -circunstancia incompatible con el aumento de las cotizaciones que han acordado de manera infame el tortuoso ministro Escrivá y los sindicatos venales del país, dejando fuera de juego a los empresarios, que junto a la fuerza laboral empleable, serán los paganos de este latrocinio-; sería oportuno incentivar los planes de pensiones privados, cuyo atractivo fiscal se ha cortado de raíz, así como pertinente estimular el crecimiento económico con unos impuestos favorables a la inversión y el empleo, que es justo la idea opuesta a la que propone el Gobierno delirante que maneja los destinos de la nación. La conclusión es obvia: los pensionistas no tienen motivos para quejarse ni rebelarse por cómo los han tratado el PP ni el Gobierno actual, pero tienen todas las razones del mundo para desconfiar del futuro, no tanto del que les espera a ellos, sino al de sus hijos y nietos, en los que deberían pensar más antes de salir a manifestarse y luego ir de txiquitos por las calles de Bilbao.

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